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Por Ernesto Moreno

Doctor en Sociología

Es precisamente en la perspectiva de este desafío que debemos resaltar y compartir que los contenidos gruesos y fundamentales de lo que se ha conocido oficialmente como “Propuesta de borrador constitucional”, es un tremendo y esperanzador paso, como un marco que ayuda a encauzar las expectativas de la inmensa mayoría de los chilenos de construir una sociedad más justa, participativa y solidaria. Pudiendo tener más o menos reservas sobre lo obrado, no hay duda que subyace al conjunto de nuevas normas un relato que se aleja definitivamente del predominante en el texto jurídico anterior, cuya génesis se remonta al Gobierno de Pinochet, junto a la derecha política y económica.

Una nueva forma de Estado que deja atrás su distorsionado rol subsidiario, una democracia representativa y participativa, un Estado plurinacional y laico, una mayor regionalización, el reconocimiento de los pueblos originarios y los componentes centrales de la parte dogmático-doctrinaria, entre otros, son ilustración de ello.

Se llega al fin de una etapa en el difícil pero fascinante camino recorrido por la Convención Constitucional, cuya meta es la redacción de nuestro nuevo “Contrato Social”.

Durante un tiempo no despreciable de este proceso, y más allá de las legítimas dudas y controversias, el país ha estado saturado de reportes distorsionados, aseveraciones fuera de contexto y versiones reñidas con la verdad, lo que ha dado lugar a una fatídica fórmula, según la cual, a mayor cantidad de información tergiversada y dispersa, mayor desatención y falta de reflexión serena acerca de lo que formal y realmente ha sido aprobado por el plenario de dicho organismo.

Sectores por todos conocidos, han logrado difundir e instalar una versión de “lo que va a ser” la nueva Carta constitucional, lo que, digámoslo con franqueza, ha terminado erosionando y degradando a lo largo del país, de manera desproporcionada, su verdadero contenido.

En medio de esta controversia, el llamado “sentido común” ha pasado a ser un componente fundamental en la argumentación de muchos de los opositores al trabajo constituyente. Su tesis es que toda Constitución tiene que representar, por sobre todo, el sentido común y, por el contrario, la que no cumpla con este requisito, que sería el caso del nuevo proyecto, deviene en un documento excluyente y deficiente. Todo ello, bajo el entendido de que para estos interpeladores, y tal cual lo expresa la antropóloga Kate Crehan, el sentido común es en sí mismo una verdad, sin complicaciones para comprender y que no exige ni requiere pruebas o evidencias para su aceptación.

Sin embargo, la cuestión es algo más compleja y debatible. Es así como, desde la filosofía griega hasta nuestros tiempos, el sentido común ha tenido diferentes aplicaciones y significados. Baste recordar que Aristóteles lo asociaba con un sexto sentido que le daba una suerte de estructuración a los otros cinco y, además, era clave para comprender el mundo.

Más contemporáneamente, el sociólogo Alfred Schütz, inspirado en Husserl, apunta a cierta espontaneidad cognitiva, a partir de la experiencia, la que permite que las personas adquieran diferentes conductas y actitudes para desenvolverse en la vida cotidiana.

Lo cierto es que el sentido común ha sido y es diverso, suele ser manipulado, muta con el tiempo y pueden coexistir diferentes expresiones de él, lo que lo vincula necesariamente a las inevitables y a veces necesarias controversias acerca de los modelos de sociedad y sus respectivos fundamentos valórico-ideológicos.

De aquí que el sentido común, más que una especie de argumentación y/o creencia que no requiere discusión por su obviedad, siempre implica, de una u otra forma, concepciones y visiones acerca de cómo se cree que debe funcionar la sociedad y el mundo. Si logras socializar, convencer o imponer esta o aquella opción del sentido común en la mayoría de los ciudadanos, entonces fortaleces y/o adquieres un mayor poder político. En este sentido, toda democracia, que siempre debe aspirar a la mayor legitimidad de quienes gobiernan, requiere de una cierta concordancia y entendimiento (no consenso) en torno al sentido común, el que debe ser elaborado con significativa participación ciudadana.

En la sociedad chilena de las últimas dos décadas, se terminó por plasmar y desplegar, a través de diferentes instancias, algún tipo de sentido común, una de cuyas expresiones o sentencias más clásica era aquella que daba como “natural” que, si no te iba bien dentro del sistema económico-social imperante, era porque eras un flojo o evidenciabas una cierta ineptitud que no te permitía acceder a los múltiples beneficios que ofrecía dicho sistema. La sociedad y sus diferentes instancias nada tendrían que decir o hacer al respecto.

Esta versión y creencia en relación con el sentido común, junto a varias otras, particularmente la “obviedad” de que las relaciones entre nosotros estaban orientadas por el individualismo, la competitividad a cualquier costo, la necesidad del crecimiento económico sin mayores condiciones y la sacralización de la propiedad privada, se amalgamaron y dieron lugar a un marco cultural cuya hegemonía ha funcionado y se ha desplegado muy diestramente, convirtiéndose en uno de los pivotes más férreos del neoliberalismo y de las tendencias restauradoras últimamente emergentes en nuestro país.

Dado que, tal cual lo hemos sostenido en diferentes publicaciones desde hace ya un buen tiempo, la deseada transformación de la sociedad chilena requiere y exige también un cambio cultural, surge como imprescindible crear y socializar comunitariamente un nuevo sentido común que lleve a proyectar un futuro cualitativamente distinto a la realidad actual.

Es precisamente en la perspectiva de este desafío que debemos resaltar y compartir que los contenidos gruesos y fundamentales de lo que se ha conocido oficialmente como “Propuesta de borrador constitucional”, es un tremendo y esperanzador paso, como un marco que ayuda a encauzar las expectativas de la inmensa mayoría de los chilenos de construir una sociedad más justa, participativa y solidaria

Pudiendo tener más o menos reservas sobre lo obrado, no hay duda que subyace al conjunto de nuevas normas un relato que se aleja definitivamente del predominante en el texto jurídico anterior, cuya génesis se remonta al Gobierno de Pinochet, junto a la derecha política y económica. Una nueva forma de Estado que deja atrás su distorsionado rol subsidiario, una democracia representativa y participativa, un Estado plurinacional y laico, una mayor regionalización, el reconocimiento de los pueblos originarios y los componentes centrales de la parte dogmático-doctrinaria, entre otros, son ilustración de ello.

Se trata de un relato que nos dice que ya no se puede seguir esperando hasta que “las condiciones lo hagan viable”, a la vez que se aleja de los anuncios apocalípticos frente a cualquier intento de cambio social y cultural. Es un relato que, a pesar de los pesares y sin olvidar que la nueva Constitución es una obra humana, expresa un encuentro intergeneracional, es una invitación a construir horizontes de esperanza, haciendo sentirse a cada chileno como un protagonista de este inédito hecho de nuestra historia.