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Partidos de oficialismo hacen propuesta para proceso constituyente

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Las coaliciones del oficialismo -Apruebo Dignidad y del Socialismo Democrático- llegaron a un acuerdo respecto a la propuesta sobre el mecanismo para el órgano que redactará la nueva propuesta constitucional.

Una de los principales acuerdo hace relación con que el nuevo órgano debe ser 100% electo «tal como lo mandata el plebiscito de octubre 2020»; además, señala que la paridad entre los convencionales es importante, pues «es una condición democrática que debe sostenerse y para ello el carácter representativo del órgano debe cumplirla tanto en la etapa de elección de sus representantes como en la composición total del órgano».

Otro de los temas acordados tiene que ver con asegurar la participación de los pueblos indígenas a través escaños reservados “en un número proporcional al registro indígena de las Conadi»; y que «la participación de personas independientes debe garantizarse mediante mecanismos electorales que posibiliten ser elegidos dentro de las listas en conjunto con los partidos».

Por otro lado, y al igual que lo propuso Chile Vamos, los partidos oficialistas proponen también un comité de expertos que colabore con el organismo a cargo de la redacción de la eventual nueva Carta Magna.

«Consideramos relevante que este equipo se conforme con carácter paritario y no deliberativo, resguardando el mandato soberano de las personas electas por la ciudadanía”, expresaron.

Así, el eventual nuevo organismo tendría como objetivo sistematizar insumos para el debate, incluyendo los creados en el proceso constitucional del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet y de la pasada Convención Constitucional.

Senadores DC, PS y RN ingresan reforma constitucional que establece “el derecho a vivir en paz y en un medio libre de violencia” y crea Defensoría de las Víctimas

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Con el objeto de establecer la seguridad ciudadana como una política de Estado, la jefa de bancada de los senadores DC, Ximena Rincón, el subjefe Matías Walker y los senadores Iván Flores, Rodrigo Galilea y Fidel Espinoza, presentaron una reforma constitucional que establece “el derecho a vivir en paz y en un medio libre de violencia”.

“Introduce en el artículo 19, un nuevo numeral 3º, que establece El derecho a vivir en paz y en un medio libre de violencia. En donde se señala que el Estado en su función de garante y protección de las personas, ejercerá todas las acciones preventivas y correctivas para un efectivo disfrute de la seguridad individual y colectiva. Además, agrega que existirá una Defensoría Nacional y Defensorías Especializadas para víctimas y grupos vulnerados.”, afirmó la senadora DC.

De igual manera, la legisladora añadió que “la reforma constitucional consta de un artículo único que introduce modificaciones al Decreto Nº 100 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile”.

“El proyecto además introduce un nuevo Capítulo VIII en la Constitución Política de la República, llamado Defensoría Nacional que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá como función la promoción y protección de los derechos humanos asegurados en esta Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes ante actos u omisiones de los órganos de la Administración del Estado, entidades privadas que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública, y las personas naturales según corresponda.”, indicó Ximena Rincón.

Por su parte, el subjefe de bancada de senadores DC, Matías Walker, explicó que “la Defensoría Nacional funcionará desconcentradamente en defensorías regionales y especializadas. El Defensor Nacional y los Defensores Especializados serán designados por el Presidente de la República, a propuesta en quina de la Corte Suprema y con acuerdo del Senado adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. Existirá un Defensor Regional en cada una de las regiones”.

“Se establecen como defensorías especializadas: Defensoría de las Víctimas, Defensoría de la Niñez, Defensoría de los Consumidores, Defensoría de las Personas Mayores, Defensoría de la Mujer y Divergencias, y Defensoría de los Contribuyentes”, concluyó Walker.

INE: Adultos mayores para el 2050 serán más de un tercio de la población

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Según un estudio del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) sobre la evolución y características del grupo etario de adultos mayores, Chile avanza a un envejecimiento poblacional y se espera que en 2050 las personas mayores de 60 años sean el 32,1% de la población.

Esto respondería a una baja en los niveles de fecundidad, la reducción de la mortalidad en edades tempranas y la mayor esperanza de vida, que se estima superará los 85 años en 2050.

En contraste, las personas menores de 15 años ha ido y seguirá descendiendo, ya que en 1992 conformaban el 29,7%, en 2022 bajó a 18,9% y se proyecta que en 2050 equivalgan al 14,2% del total de habitantes del país.

Por otra parte, el estudio expone las principales causas de muerte, su distinción por sexo y edad a partir de las Estadísticas Vitales (2010-2019) y analiza la tendencia del envejecimiento proyectada para las próximas décadas.

En ese contexto, el documento señala que Chile se encamina a una etapa muy avanzada de envejecimiento poblacional, explicada principalmente por el aumento de la esperanza de vida, que superaría los 85 años en 2050, la reducción de la mortalidad en edades jóvenes y el descenso de la fecundidad.

En las últimas décadas, las personas mayores han adquirido mayores niveles de educación, tal como reflejan los censos de 2002 y 2017. Asimismo, el análisis de esos censos refleja que la proporción de hogares con presencia de personas mayores aumentó, así como la proporción de quienes son reconocidos como jefes o jefas de dichos hogares.

Por otro lado, el estudio del INE señala que “con el avance del envejecimiento poblacional y el aumento de la esperanza de vida, las defunciones de las personas mayores ocupan cada vez una mayor proporción del total de muertes del país»

Esto ha implicado un cambio en las principales causas de defunciones de este grupo etario, entre quienes prevalecen actualmente las muertes debidas a tumores malignos (entre los hombres) y las enfermedades relacionadas con el sistema circulatorio (entre las mujeres).

Gobierno anunció plan «Más Seguridad, Más Comunidad» con millonaria inversión

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La ministra del Interior, Carolina Tohá, en compañía del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, llegaron hasta la comuna de Pudahuel para encabezar el lanzamiento del programa «Más Seguridad Más Comunidad», que busca combatir la percepción de inseguridad y recuperar espacios públicos.

Concretamente, la iniciativa pretende otorgar una respuesta inmediata a las necesidades municipales, con miras a un Sistema Nacional de Seguridad Municipal, que a su vez dará pie a la existencia de un mecanismo transparente de financiamiento.

A través de un trabajo en conjunto entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y la SUBDERE, se inyectará más de $30 mil millones con el fin de atender las necesidades más urgentes de los municipios. Así, podrían recuperarse más de 100 espacios públicos para la comunidad, instalar más de 100 proyectos de luminarias públicas y poner en funcionamiento más de 100 proyectos de cámaras de televigilancia.

«En este programa, que era una iniciativa originalmente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que partió con $2.500 millones, se logró un acuerdo para que, desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que trabaja con los programas de mejoramiento urbano y de mejoramiento de barrios, se trasladaran una serie de recursos que son para inversiones en el espacio público», detalló la secretaria de Estado.

En esa misma línea, acotó: «A los $2.500 millones originales se agregaron $30 mil millones que se van a ocupar para proyectos como este, de recuperación de espacio público, o para proyectos de instalación de luminarias o de instalación de televigilancia ¿Por qué? Porque la inversión en la ciudad es también una inversión en la seguridad».

Por su parte, Vergara sostuvo que «este fondo nace del objetivo principal que el Presidente de la República nos pidió cuando llegamos al Gobierno: avanzar en seguridad, como también en justicia territorial. Es nivelar la cancha de recursos para llegar a un mínimo común preventivo, porque en una misma región y en un mismo país conviven comunas que tienen presupuestos que no superan los $150 per cápita en prevención del delito, mientras hay ocho que tienen más de $40.000 per cápita en prevención del delito».

«Felicitamos la fuerza que le ha dado la Subsecretaría Prevención del Delito a que los fondos ya no sean concursables, sino más bien que se actúe bajo la lógica de la justicia territorial y de la cuestión situacional, y en este caso del Ministerio del Interior y la SUBDERE. En el fondo lo que busca es poder invertir en las comunas que más lo necesitan», destacó el alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo.

Trabajadores portuarios realizaron nuevas protestas en Valparaíso

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Decenas de trabajadores portuarios protagonizaron en la mañana de este miércoles protestas e incendiaron barricadas en las cercanías de la Plaza Sotomayor, en la ciudad de Valparaíso.

Los trabajadores pertenecientes al sindicato 1 de estibadores del Puerto de Valparaíso se encuentran movilizados desde el martes, luego de que no aceptar la propuesta inicial de la empresa en el marco de negociación colectiva.

Los incidentes comenzaron cerca de las 7:00, situación que provocó una gran congestión vehicular, siendo las calles Blanco y Errázuriz las más afectadas con barricadas.

La situación provocó que personal de Carabineros concurriera al lugar para dispersar a los manifestantes y extinguir el fuego.

Los trabajadores se retiraron del lugar y se dirigieron a la sede de reunión. Con esto, el transporte se normalizó a eso de las 8:00 horas.

Los sindicalizados iniciaron las protestas el martes, en el marco de las negociaciones con la empresa Report, en la intersección de calle Blanco con Almirante Muñoz.

Apruebo Dignidad y Yasna Provoste (DC) piden más tiempo antes de votar TPP-11 en sala

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Este martes, un grupo de senadores de Apruebo Dignidad (AD), junto a la senadora DC Yasna Provoste, dieron a conocer una declaración conjunta donde piden mayor tiempo antes de votar el proyecto del TPP-11 en Sala.

La misiva compartida por los parlamentarios comienza señalando que «en relación a la votación dividida de los comités del Senado este día lunes, en el sentido de poner en tabla y someter a votación en la sesión del Senado del Miércoles 8 de septiembre, el «Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacifico (CPTPP)», los Comité FRVS, PC, PA, PS, PPD e Independientes que no dieron el acuerdo para establecer la tabla, solicitamos al conjunto de Senadores revertir este acuerdo a objeto de esperar el resultado final de las negociaciones diplomáticas que el gobierno está llevando a cabo en las llamadas side letters y postergar así la votación hasta cuando estén los resultados finales de estas gestiones diplomáticas».

El texto continúa manifestando que «al mismo tiempo, solicitamos la realización de una sesión especial del Senado, para tratar en detalle la estrategia chilena de negociación de las side letters y sus efectos sobre el tratado CPTPP para Chile».

«De efectuarse la votación y aprobarse el Tratado, la estrategia negociadora chilena quedaría muy disminuida o directamente anulada y, con ello, u perderían importantes grados de soberanía regulatoria para el país», añade el documento.

Asimismo, expresan que consideran «poco prudente someter a votación ahora, en la Sala del Senado», pues «este tratado antes de terminar con la estrategia del gobierno de negociar estas side letters, en la que el Gobierno de Chile pueda implementar una estrategia de buscar dejar sin efecto este mecanismo de solución de controversias, lo que sentará un precedente para la política comercial chilena de buscar nuevas formas de abordarlas entre inversionistas y estados, sumándose al debate global en esta materia».

«El CPTPP, al considerar mecanismos de ISDS con tribunales ad-hoc que no se ajustan a los intereses del país y ponen limitaciones y restricciones excesivas a las reguladores y politices públicas, puede llegar a limitar incluso reformas estructurales como los que hoy están en discusión en Chile, por ejemplo, en pensiones, salud, royalty minero, materias ambientales o laborales, incluso la constitucional», especifica también el texto.

«Desde el punto de vista comercial no es urgente la ratificación de este tratado, ya que los incrementos no son significativos, en razón a que Chile es el único país del CPTPP que cuenta con acuerdos comerciales con los 10 países socios del bloque», prosiguen.

Declaran que la «principal razón para pedir esta postergación obedece a que este acuerdo, además de no beneficiar económicamente de manera sustantiva, sino que marginalmente, el comercio de Chile con los países integrantes de este CPTPP, pone seriamente en riesgo nuestra soberanía regulatoria y nos deja a merced de los inversionistas extranjeros que estimen que sus intereses se vean perjudicados y nos sometan a arbitrajes muy costosos, de incierta imparcialidad, predictibilidad, jurisprudencia y transparencia».

Finalmente, el documento indica que frente a la petición del Gobierno de que no se vote el proyecto inmediatamente, «las bancadas de oposición, han pasado a llevar la facultad del Presidente de la República de administrar con exclusividad las relaciones internacionales. Esta decisión ha relativizado una regla de oro de la política nacional, al no respaldar una decisión de Estado en materia internacional adoptada por el Presidente de la República en el mejor interés del país».

«Por eso, este respaldo constituye un deber de los parlamentarios para con el Estado de Chile, para dar una sola voz, representada por nuestro Presidente, en la relación con los demás países, y pedimos que este deber se cumpla una vez más, corno ha sido históricamente en materia de Estado en nuestra República», cierra la declaración.

El documento fue firmado por los senadores Alejandra Sepúlveda (FRVS), Esteban Velásquez (FRVS), Fabiola Campillay (IND), Daniel Núñez (PC), Claudia Pascual (PC), Juan Ignacio Latorre (RD) y Yasna Provoste (DC).